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EXPROPIACIONES

Las cinco normas que ponen en jaque al ex fiscal de Estado

El ex abogado del Estado sanjuanino, Mario Díaz, pasó por Tribunales como imputado por el delito de integrante de asociación ilícita en la presunta banda que lideró el abogado Santiago Graffigna. Mirá el video en la nota. Por Gustavo Martínez Puga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por Gustavo Martínez Puga

Hasta ahora venía zafando con la falta de mérito que la ex jueza María Inés Rosselot le había puesto como integrante de la asociación ilícita en el escándalo de las expropiaciones. Pero con la ampliación de su declaración indagatoria, una nube gris parece haberse posado sobre el ex fiscal de Estado, Mario Díaz (62). Es que hay al menos cinco normas legales que lo ponen en jaque.

Originalmente Díaz fue imputado de 14 delitos. Trece de ellos le fueron confirmados en segunda instancia. Ahora el juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, deberá resolver la falta de mérito que pesa sobre el ex fiscal de Estado en el delito de integrante de la asociación ilícita.

La falta de mérito quiere decir que, al momento de resolver la situación legal tras ser detenido, el juez no tuvo pruebas suficientes para procesarlo, pero tampoco estuvo convencido de su inocencia como para sobreseerlo. Ése estado de indefinición es el que ahora tiene que romper el juez Correa, quien tiene dos vías: o lo procesa o lo sobresee.

Durante la tarde-noche del último martes 8 de septiembre, Díaz estuvo más de dos horas ampliando su declaración indagatoria ante el juez Correa, el fiscal Carlos Rodríguez y su abogado defensor, Marcelo Correa Sánchez.

Y basó su defensa echándole la culpa a quien era el jefe del área expropiaciones en la fiscalía, Héctor Mario Carelli; a Norberto Baistrocchi (F.), quien era el abogado contratado para defender a la Provincia en los juicios; y en el hecho de que eran sentencias judiciales que él nada podía hacer para frenar (ver recuadro).

UNA A UNA

Pero hay pilares jurídicos muy claros en la Constitución Provincial (la ley madre que rige la vida institucional) y en la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado que comprometen a Díaz, según fuentes judiciales.

1-El artículo 263 de la Constitución Provincial ordena que nunca cesa, bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad del Fiscal de Estado a la hora de defender el patrimonio provincial. Por lo que Díaz no podría defenderse diciendo que fue el jefe del área expropiaciones (Carelli), y el abogado asignado (Baistrocchi), los responsables de haber dejado embargar a la Provincia.

2-El artículo 44 de la Constitución Provincial encuadra las delegaciones y sus consecuencias: "Los poderes públicos no pueden delegar las facultades que esta Constitución les otorga”.

Ese artículo también pondría en contradicción lo que dijo el ex fiscal sobre su delegación de responsabilidad: "Tampoco los funcionarios públicos pueden delegar sus funciones en otra persona”.

Además, la constitución es clara sobre las consecuencias a la hora de delegar responsabilidades: "La delegación no exime de responsabilidad al delegante (Baistrocchi) ni al delegado (el ex fiscal Díaz)”.

3-El artículo 4, inciso A, de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado (antes del digesto llevaba el número 5558), regula la responsabilidad del Fiscal de Estado y la de los abogados a los que él delega los asuntos: "De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Constitución de la Provincia –el Fiscal de Estado- representa a la Provincia en los juicios en que se conviertan sus intereses”.

4-En otro párrafo de ese artículo de la ley que regula el funcionamiento de la oficina que defiende a los sanjuaninos de las demandas, también se regula la delegación del Fiscal en la tramitación de las causas: "Podrá sustituir esa representación otorgando carta poder o poderes generales o especiales para actuar en asuntos judiciales determinados”.

Pero la ley orgánica aclara con total claridad que la responsabilidad final siempre la tiene el Fiscal de Estado: "En todos los casos actuarán bajo su supervisión letrada”, dice la norma.

5-Finalmente, también el artículo 13 de la ley orgánica de Fiscalía de Estado deja en claro que, siempre, el Fiscal de Estado tiene la responsabilidad final sobre las acciones de los abogados en los que haya delegado las causas: "Los integrantes del Cuerpo de Abogados son los encargados por delegación del Fiscal, de la ejecución en juicios”.

PORQUÉ AHORA

Mario Díaz pidió la ampliación de la indagatoria como una consecuencia de la declaración informativa que en mayo último dio el ex ministro de Hacienda, Aldo Molina.

El ex ministro vinculó al ex fiscal de Estado directamente con el escándalo, en especial por el pago de 11 millones de pesos en favor del abogado Graffigna, gestionado en junio de 2010, cuando ya el escándalo de las expropiaciones había estallado y era inminente la denuncia penal que luego terminó haciendo el secretario general de la Gobernación, Walter Lima.

El ex ministro Molina dijo que se limitó a cumplir con lo que había negociado el ex fiscal de Estado, quien era el abogado de la Provincia para resolver esos conflictos. Lo mismo hizo su ex jefe de asesores, Carlos Sánchez Bustos.

El 1 de marzo de 2013, cuando llegó a estar detenido durante algunas horas, el ex fiscal Díaz había hecho uso de su derecho de no declarar. Por eso es que ahora su versión de los hechos era esperada en la Justicia.

En la causa original del escándalo de las expropiaciones, la ex jueza Rosselot procesó al ex fiscal de Estado junto al abogado Santiago Graffigna (jefe de una asociación ilícita). Y en la redada cayeron ex jueces civiles y ex funcionarios de la fiscalía de Estado y del Tribunal de Tasaciones de la Provincia.

Ese auto de procesamiento fue apelado ante la Sala II de la Cámara Penal.

En el caso del ex fiscal Díaz, le confirmaron los 13 delitos que le había imputado la jueza de primera instancia: participación principal en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (8 hechos); tentativa de fraude (4 hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario.

La Sala II le mantuvo a Díaz la falta de mérito como integrante de la asociación ilícita, lo que ahora podría, o no, cambiar con la resolución que saque el juez Correa.

Díaz en primera persona

*Sobre el control que hacía de las causas: "La facultad de supervisión en el control de las causas no me imponía la obligación de estar encima del profesional a cargo del proceso, ya que el mismo estaba capacitado para tramitarlo en debida forma, esto es mi criterio. Ejercí el control que me obligaba la ley orgánica de Fiscalía de Estado, apoyado principalmente en los jefes de las 7 áreas existentes y de Secretaría General”.

*Sobre cómo se entera de las irregularidades: "El Ministro de Hacienda Dr. Molina me comunica que habían sido embargadas las cuentas públicas en una serie de procesos, esto alrededor de fines del 2007, mediados del año 2008”.

*Sobre qué hizo cuando le informaron de las irregularidades: "La orden (para que viera el por qué del embargo a las cuentas provinciales) impartida al Dr. Carelli (ex jefe del área expropiaciones) no fue cumplida, dado que, según me manifestó el Dr. Baistrocchi, (el abogado contratado) no le permitía la vista de los procesos expropiatorios a su cargo”.

*Sobre por qué no trató de frenar las ejecuciones a la Provincia, apelando las sentencias o impugnando las planillas o cambiando los peritos: "Deseo aclarar que estábamos en presencia de sentencias firmes y consentidas. Las sentencias que pude apelar, fueron apeladas”.
 

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