La Fiscalía de Estado provincial se presentó ante el juzgado federal de Leopoldo Rago Gallo para ser tenida en cuenta en el conflicto desatado como consecuencia del depósito de roca y neumáticos de la operación de la mina en Chile, del lado argentino.
Pelambres es una de las minas más grandes de cobre en el mundo y está a metros del límite con San Juan, donde los terrenos pertenecen a la empresa Glencore que programa el desarrollo de Pachón. Cuando fue detectado el botadero del lado argentino, la empresa que opera del lado sanjuanino querelló a la chilena en un proceso civil para que retire el material y pague en concepto de alquiler y daños, con cautelar incluida. Luego amplió su acción judicial a la fase penal, en la que acusó a los máximos ejecutivos de la compañía chilena.
El viernes, ambas partes se verán las caras en una audiencia de conciliación convocada por el juez federal sanjuanino para explorar un arreglo, que por ahora no aparece cerca. Allí es donde la Fiscalia de Estado sanjuanina, en la persona de su titular Guillermo de Sanctis, se presentó este lunes en la sede judicial para que el interés público sea tenido en cuenta en ese encuentro.
Hasta ahora, la postura de las empresas mineras parece lejana. Glencore pretende que Pelambres retire todo el botadero de roca triturada, dejada del lado argentino con el argumento de que cuando lo hicieron tenían la información de los organismos públicos de Chile de que este terreno estaba del lado chileno del límite, luego delimitado en sentido contrario. La dueña de Pachón le pidió que todo el botadero sea trasladado a Chile porque esa roca ya mostró potencial contaminante por el nivel de acidez de los estudios. Y que también saque los alrededor de 400 neumáticos de los fuera de borda, muchos de ellos enterrados del lado argentino.
En cambio, Pelambres anunció la semana pasada que presentará una propuesta de remediación que no incluye el traslado a Chile de la basura. Aunque aún no lo formalizó, se estima que se trata de una propuesta para remediar el potencial daño ambiental con un tratamiento acorde, pero del lado argentino y sin llevarse ni la roca triturada ni los neumáticos.
Ante ese potencial riesgo ambiental es que intervino la Fiscalía de Estado este lunes, en defensa del interés público. Se trata de una presentación que no pretende convertirse en parte del expediente, porque de hacerlo debería tomar intervención por alguna de las dos posturas en pugna, que corresponde a cada una de las empresas. Lo que hace la fiscalía es no intervenir como parte ni tomar partido en el diferendo Glencore-Pelambres, que deberán llegar a un acuerdo por su propia cuenta, sino reclamar al juez que su punto de vista sea tenido en cuenta en el proceso judicial porque está afectado el interés general.
El caso ha despertado una fuerte oleada institucional del lado chileno, con repercusiones en los ministerios y las más altas autoridades. Hay en juego, además de las posturas de dos gigantes mineros mundiales, intereses y reclamos en dinero. El viernes será un día clave porque estarán por primera vez frente a frente.