La justicia comenzó a indagar en la situación financiera de Diego Ángel Lagomarsino, el "especialista en informática" que fue el último hombre en ver con vida al fiscal Alberto Nisman, y que se encuentra imputado por haberle facilitado el arma Bersa calibre 22 con la que presuntamente se suicidó.
Con un inusual contrato en el Ministerio Público de 40 mil pesos por mes, Lagomarsino también exhibió un incremento de sus gastos en los registros financieros que tuvieron su pico máximo a finales de 2014, cuando tuvo consumos por casi 70 mil pesos por mes, solamente a través de tarjetas de crédito bancarizadas.
La información surge de los registros públicos de quien está encuadrado en el rubro de "reparación y mantenimiento de equipos informáticos", y acaba de designar como su abogado defensor al penalista Maximiliano Rusconi, también representante de la familia Ciccone en la causa que involucra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou por la quiebra de la imprenta.
La presidenta Cristina Fernández lo puso en el centro de las sospechas en sus dos primeras cartas públicas, y se explayó sobre su rol en las últimas horas de vida de Nisman, en el mensaje en cadena nacional en el que lo vinculó, de manera indirecta, al Grupo Clarín. Lagomarsino estuvo relacionado al hecho a partir de haberse presentado inicialmente ante la fiscal Viviana Fein y declarar durante varias horas que había sido quien le facilitó a Nisman el arma a pedido del fallecido fiscal. Fue imputado por la fiscal a cargo de la pesquisa por haber cometido un delito al prestar un arma a quien no era legítimo usuario.
Pero el gobierno fue más allá en sus sospechas, y la justicia está analizando las comunicaciones de Nisman, además de las cámaras de seguridad de la torre Le Parc, lugar al que el especialista en informática había asistido dos veces el sábado previo a la muerte del funcionario.
Ante la sorpresa de su contrato de locación de servicios, equivalente en el monto al de un secretario letrado en el Poder Judicial y de que no prestaba servicios habitualmente en la UFI AMIA, sus actividades también quedaron en el foco de la investigación que avanza en varios frentes. De acuerdo a la documentación a la que accedió Tiempo Argentino, Lagomarsino declaró fecha de inicio de actividades en noviembre de 2013. Registrado como autónomo categoría 3 con ingresos desde 25 mil pesos, cuenta con obra social del personal de docentes privados a raíz de que se encontraba en relación de dependencia con la Universidad Nacional Del Oeste.
Pero el dato llamativo surge de sus consumos con tarjetas American Express y de Banco Galicia, que en enero de 2013 registraba consumos por más de 22 mil pesos. El nivel de gastos aumentó durante todo el año oscilando entre los 45 mil y los 71 mil pesos por mes. Con un promedio anual de 428 mil pesos utilizados en 2013, esa suma se incrementa el año pasado hasta trepar a más de medio millón de pesos, sólo en tarjetas de crédito, con un promedio de 44 mil pesos mensuales. El último mes del año, los gastos de Lagomarsino, según los registros, excedieron su sueldo declarado: con sólo dos tarjetas consumió 63 mil pesos.
Rusconi –abogado del ex presidente Carlos Menem en la causa por venta de armas a Ecuador y Croacia– es un reconocido penalista que asumió su defensa y dejó trascender su propia versión de los hechos ocurridos las horas previas a la muerte de Nisman. Sobre el fiscal se abren ahora interrogantes acerca de por qué conducía un Audi propiedad de una empresa vinculada a tareas de seguridad. Pero también preguntas de la justicia sobre quién es el verdadero dueño del departamento que alquilaba, que también ha quedado en el foco de la investigación porque podría ser personal que revistaba bajo contrato en la propia fiscalía AMIA.
Fuente: Infonews