Por Gustavo Martínez Puga
El dato es clave por una razón muy sencilla: determinar en qué instancia del Poder Judicial de San Juan se produce un embudo de causas que tienen una repercusión en carne y hueso con una superpoblación carcelaria en el Servicio Penitenciario Provincial. Ese dato se puede obtener mediante una estadística muy sencilla, pero nadie dice conocerla: ¿Cuántos de los internos de la cárcel sin condena tienen o no dictado un auto de procesamiento?
Desde hace tres semanas atrás que Tiempo de San Juan viene buscando ese dato. El director del Servicio Penitenciario Provincial, Oscar Ghilardi, informó que "no es un dato que tengamos discriminado. Eso depende de los jueces”. El secretario de Seguridad, José Luis Sánchez, informó que "nosotros tenemos discriminado cuántos tienen condena y cuántos no. Y tenemos discriminado cuántos presos hay en cada área del Penal, pero no tenemos discriminado cuántos tienen procesamiento y cuántos no. Eso depende de los jueces”.
Antes, el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, había informado que "la Corte de Justicia es quien tiene la superintendencia del Poder Judicial. Por lo tanto es el órgano que debe proporcionar esas estadísticas”.
Pero desde la Corte de Justicia dicen no tener ese dato. Según informó Pablo Henríquez, director de Relaciones Institucionales, "no hay estadísticas discriminadas en el Poder Judicial para conocer ese dato. Habría que relevar juzgado por juzgado y esos números cambiar hora a hora, cuando los jueces van sacando fallos. De todas maneras, en el Servicio Penitenciario Provincial deberían tener ese dato porque ellos registran todos los ingresos de los internos a la cárcel”.
DIFERENCIAS
Oficialmente, en el Penal deChimbas hay una población estable de 1.200 internos. De ellos, 500 tienen condena y los otros 700 son calificados como "procesados”. Pero ese dato no es certero, porque ninguna autoridad sabe a ciencia cierta cuántos de ellos tienen un auto de procesamiento y cuántos están simplemente detenidos.
¿Cuál es la diferencia? El detenido es una persona que simplemente está privada de su libertad por la mera sospecha de que podría llegar a estar vinculada a un determinado hecho delictivo. Esa situación puede cambiar de un momento a otro, simplemente depende de que un juez empiece a investigar el caso.
Mientras que el auto de procesamiento significa que un juez de primera instancia investigó el caso y encontró pruebas suficientes para sospechar que podría ser el auto de un ilícito. Después que se dicta el auto de procesamiento, se hace el juicio en el que se determina si el detenido es o no culpable del hecho que le achacan.
Al no conocerse los datos generales, tampoco se puede saber cuántos de los 700 "procesados” fueron indagados por un juez y cuántos esperan ese trámite. Se supone que a partir de ese acto procesal el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal. En el fuero federal ese plazo se cumple. En el plazo local, dicen que ese plazo "es ordenatorio”.
Para las autoridades políticas a cargo del área de seguridad, el dato de cuántos presos tienen un procesamiento y cuántos no, también es clave para el trabajo diario.
Sucede que constitucionalmente las cárceles en la Argentina fueron hechas para rehabilitar socialmente a las personas que delinquieron. Para que eso ocurra, se necesita que las instalaciones carcelarias estén preparadas con distintas áreas, las cuales van más allá del área de castigo mediante el encierro en celdas para privar de la libertad.
De esa manera, en la cárcel de Chimbas sólo el 40 % de los internos tienen condena y están en condiciones de ser sometidos a un tratamiento de rehabilitación, con premios y castigos, tareas sociales, enseñándoles un oficio, etcétera.
El 60 % restante de la población carcelaria, la gran mayoría, está simplemente privada de su libertad. Como esa masa de personas no tiene una condena, las autoridades políticas no pueden someterlos a tratamiento, trabajos o tareas sociales como hacen con los condenados.
Y conocer cuántos de esos 700 internos tiene un procesamiento y cuántos no, le permitiría a las autoridades organizar la población carcelaria entre los que ya hay una prueba judicial en su contra y esperan un juicio y los que están simplemente detenidos y de un momento a otro se pueden ir en libertad.
En 20 años la población carcelaria en el Penal de Chimbas se incrementó siete veces.
San Juan, después de Buenos Aires y Tucumán, es la tercera provincia del país con más presos sin condena judicial.