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Servini declaró inconstitucional la elección popular de consejeros

La medida, que beneficia al sector más corporativo de la justicia, se conoció pasadas las 22 y es el primer fallo sobre la cuestión de fondo. El Estado apelará.


miércoles, 12 de junio de 2013

 


Tras una semana de suspenso, a 20 días de haber renunciado a la Asociación de Magistrados, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, declaró la inconstitucionalidad de la elección directa por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. La decisión se concretó a través de dos resoluciones, que se conocieron anoche, pasadas las 22, en las que hizo lugar a los argumentos del abogado Carlos Traboulsi, apoderado del Partido Demócrata Cristiano, y a los del letrado Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, apoderado de la lista Gente de Derecho. En la parte resolutiva de ambos fallos, Servini consideró inconstitucionales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 (de Reforma del Consejo de la Magistratura), decretó la inconstitucionalidad del Decreto del Ejecutivo 577/2013 y anuló la convocatoria electoral –que ya estaba en marcha– para la categoría de miembros del Consejo.
La decisión de Servini implica una noticia perfecta para los sectores corporativos y tradicionales del Derecho, que desde hace más de diez días venían presentando amparos ante distintos juzgados del país con el objetivo de impedir la elección popular de los representantes académicos, de jueces y abogados. Una de esas presentaciones fue promovida por la Asociación de Magistrados, entidad que agrupa a los jueces del país y a la que Servini renunció a mediados de mayo. La dimisión de la jueza a la Asociación, que encabeza Luis María Cabral, fue estratégica desde el primer momento. Como la Asociación de Magistrados también pidió la inconstitucionalidad de la Ley 26.855, si Servini seguía siendo miembro hubiera estado obligada a pedir la excusación por no estar garantizada su imparcialidad ante el caso.
Se descuenta que el Estado Nacional apelará la decisión de Servini –que genera jurisprudencia para todos los juzgados federales con competencia electoral del país–, por lo que deberá presentarse ante la Cámara Nacional Electoral, integrada por Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera. Otra opción, aunque menos probable, al tratarse de un litigio de "gravedad institucional", podría ser pedir el salto de instancia (per saltum) para que intervenga directamente la Corte Suprema. Para esta última alternativa ya está vigente la nueva ley reglamentaria del per saltum, la 26.790. Sin embargo, esa ley no ha tenido resultados positivos para el Ejecutivo cuando fue utilizada en el debate legal por la Ley de Medios o en la controversia que abrió la recuperación de la Sociedad Rural por parte del Estado.
A la hora de argumentar la declaración de inconstitucionalidad, Servini basó su fallo en el principio de la "desnaturalización del instituto de la representación" de los jueces que –según la opinión de la jueza– está previsto en el artículo 114 de la Constitución. Para Servini, los representantes de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por los propios jueces, y no por la totalidad del padrón de electores, al que define como "un nuevo protagonista, ajeno a la relación de representación". Para justificar el planteo, Servini incluso cita un diálogo entre los convencionales Eugenio Zaffaroni y Enrique Paixao en la reunión de la comisión de Coincidencias Básicas de la Convención Constituyente de 1994: en esa charla, Paixao plantea que los miembros del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces deben ser elegidos sólo por los propios jueces, y que si se hiciera otra cosa significaría una "desnaturalización" de la cláusula prevista por el artículo 114 de la Constitución.
En su resolución ante el amparo presentado por Traboulsi, Servini considera además que el número de representantes del ámbito académico al Consejo de la Magistratura "desnaturaliza la proporcionalidad" del cuerpo que establece la Carta Magna. La jueza también asegura que en América Latina no hay antecedentes de elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura y, varios párrafos después, atribuye al hecho de que los candidatos a consejeros "figuren en boletas electorales de partidos políticos" un factor que les quitaría "cualquier atisbo de independencia o imparcialidad". En el fallo, textualmente, Servini define a los consejeros como "jueces", aunque se sabe que el Consejo de la Magistratura es el órgano político y administrativo del Poder Judicial según la propia Constitución. «
 
 
Dos nuevos fallos sobre la reforma
La justicia emitió ayer dos nuevos fallos: uno a favor y otro en contra de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, a partir de dos presentaciones radicadas por los Colegios de Abogados de Morón y de La Plata.
El juez federal platense Adolfo Gabino Ziulu hizo lugar a la medida cautelar solicitada y suspendió los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley sancionada por el Congreso, a la vez que declaró inconstitucional parte de la norma que regula las cautelares. Por el contrario, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, rechazó por segunda vez hacer lugar a una medida similar, y defendió la elección popular de consejeros.
En 39 carillas, Gabino Ziulu hizo lugar al planteo de la corporación de abogados de La Plata que abarcaba también el pedido de inconstitucionalidad sobre las Cámaras de Casación, la suspensión del llamado a elección de nuevos miembros abogados del Consejo y sobre las limitantes a las cautelares. "De los debates que precedieron a la reforma, se advierte que los convencionales constituyentes tuvieron en miras que el nuevo órgano tuviera una representación estamentaria, dejando de lado la representación exclusivamente política", aseguró el magistrado.
En tanto, Forns puntualizó que en la regulación del Consejo "no se ha redactado de manera expresa en el art. 114 que la elección de los Consejeros deba ser por vía estamentaria, lo cual ha dado lugar a diferentes interpretaciones, como la gramatical a la que muchos han debido recurrir (y también la aquí actora) y que es una entre otras, todas opinables". Del mismo modo, expresó que se utilizaron conceptos para "descalificar la norma" sin siquiera "efectuar un examen pormenorizado". La jueza, que en un fallo anterior también había argumentado en el mismo sentido, afirmó: "Entiendo que tal examen resulta muy parcializado y dogmático, y que no puede dar lugar al dictado de medidas cautelares que tienen un acotado margen para no superponerse con la decisión del fondo de la cuestión a resolver".

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