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Después del hallazgo

Abogados de la familia Arruga reclaman un Registro Nacional de Personas NN

El hallazgo del adolescente que era buscado hace seis años está inmerso en las irregularidades que rodean a las morgues de hospitales porteños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según consignó Tiempo Argentino, quieren evitar que se repitan casos como el del joven de Lomas del Mirador o Jonathan "Kiki" Lezcano, cuyos  familiares los seguían buscando cuando ambos ya habían sido enterrados en el cementerio de la Chacarita.

Nunca quedó tan claro como esta semana hasta dónde puede llegar la desidia burocrática que reproduce y profundiza la desigualdad. Con una brutalidad pocas veces vista, expuesta en los cinco años, ocho meses y 17 días sin noticias de Luciano Arruga, gobiernos de distintas jurisdicciones y signos partidarios, como también jueces y fiscales, mostraron sin proponérselo su peor faceta de incapacidad, desinterés y, por qué no, silenciosa crueldad.

La confirmación de que un joven enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita era el joven de Lomas de Mirador al que efectivos de la Policía Bonaerense intentaron obligar a robar para ellos, desencadenó una nueva corriente de indignación y realimentó una denuncia que hasta ahora había sido silenciada por la mayoría de los medios: las gravísimas irregularidades que se constataron en los depósitos de cadáveres de los hospitales públicos de la ciudad, con cuerpos que figuran ingresados en los libros y no están, u otros que aparecen con identidades repetidas, para nombrar sólo algunas de las anomalías comprobadas por el juez Andrés Gallardo, a cargo del juzgado 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad.


Tras denunciar penalmente al jefe de gobierno Mauricio Macri por las situaciones detectadas en los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Durand, Muñiz, Piñero y Santojanni, entre otros centros de salud de la comuna, Gallardo fue dos veces recusado por el gobierno porteño. Al Hospital Santojanni, se supo el viernes, llegó Luciano en una ambulancia del SAME el 31 de enero de 2009 a las 3:21 de la mañana. Según un expediente de la justicia de instrucción, el joven de La Matanza, hincha de River, hijo de Mónica y hermano de Vanesa, había sido atropellado por un auto en la intersección de Emilio Castro y General Paz.  Luciano fue operado a las horas de haber ingresado al Santojanni. El expediente judicial indica que a las 8 de la mañana de ese mismo día el pibe del Barrio 12 de Octubre, Lomas del Mirador, murió producto de las heridas. Su madre, Mónica Alegre, recuerda que estuvo en la recepción del Santojanni preguntando por él. Le dijeron que había un chico atropellado pero que no sabían nada de su hijo.

La coincidencia trágica de esa escena –en la que una madre pide por su hijo y le contestan que no saben nada sin saber que el joven está allí, en ese mismo lugar, ya fallecido y catalogado como NN– volvió a poner en evidencia el descontrol, la irresponsabilidad y la falta de rigor que imperan en los hospitales de buena parte del país. Por lo menos en el tratamiento de los cadáveres sin identificar, de los cuerpos que nadie reclama. Ante esta cruda realidad, el grupo de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) de La Matanza, que trabajó activamente en el patrocinio de la familia de Luciano,  decidió retomar la campaña para exigir la sanción de una ley que cree un Registro Nacional de Personas Identificadas como NN. El objetivo del proyecto se propone crear un mecanismo centralizado que permita contrastar en tiempo real, de forma inmediata y a medida que va llegando la nueva información, los registros de personas desaparecidas (que suelen iniciarse como trámites de averiguación de paradero) con los datos de personas no identificadas que existen en hospitales, comisarías, cementerios, morgues, neuropsiquiátricos, etcétera.

Uno de los impulsores de esta propuesta es el abogado Juan Manuel Combi, uno de los patrocinantes de la familia de Luciano en el pedido de hábeas corpus que, tras ser aceptado por la Cámara de Casación Penal, quedó bajo la órbita del juez federal de Morón, Juan Pablo Salas. Combi trabajó en tándem con los abogados y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "El proyecto forma parte de un trabajo colectivo en el que veníamos trabajando. Porque tenemos el antecedente de (Jonathan) Kiki Lezano, en el que a la familia se la tuvo dos meses y medio buscando cuando el cuerpo ya estaba enterrado como NN en la Chacarita. Queremos crear un Registro Nacional que sea el encargado de identificar todas las causas que ingresan el Poder Judicial con denuncia de desaparición o búsqueda de paradero. Además, con la creación de ese Registro la policía tendría la obligación inmediata de informar, en un plazo de 24 horas, mientras que los cementerios y los hospitales, por su lado, deberán tener al día sus libros con el registro de las personas no identificadas, delimitar y conservar correctamente las parcelas, y otras exigencias que no se cumplen", explicó Combi en diálogo con Tiempo Argentino.   

El abogado de la ADPH contó que el texto con el proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Personas No Identificadas fue entregado a legisladores, funcionarios y otros organismos de Derechos Humanos. Hasta ahora no tuvo demasiadas devoluciones. "Jamás nos llamó ningún legislador", confió. Combi fue un partícipe clave de todo el proceso del hábeas corpus, que terminó con la identificación de una huella digital de Luciano que había sido tomada por la Policía Bonaerense, y su coincidencia con la que se le había realizado a un joven fallecido en el Hospital Santojanni a principios de 2009. "Quiero destacar el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque lo que ha hecho con este cotejo (de huellas dactilares), a través del hábeas corpus, ha sido muy prolijo. Se sometieron al hábeas corpus, como correspondía. Cuando las cosas se hacen bien, también hay que reconocerlo", comentó Combi en diálogo con este diario.

La gestión a la que había referencia el abogado patrocinante de la familia de Luciano estuvo a cargo de la abogada Natalia Federman, Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una vez que el pedido de hábeas corpus quedó firme y a cargo del juez Salas, el magistrado convocó a todas las partes, entre ellas diversos órganos del Estado: Federman participó en representación de la cartera de Seguridad. "La iniciativa de proponer un Registro Nacional me parece bien, pero una iniciativa de este tipo implica la articulación de muchas instancias judiciales, provinciales, municipales. Habría que ver cómo implementarlo para que sea efectivo, habría que hacerlo de una manera que asegure efectividad", insistió la funcionaria. Ante la consulta de Tiempo, Federman aseguró que el déficit más grave en este tipo de casos pasa por el pésimo registro de los NN. "Tenemos que mejorar la eficiencia de la gestión de información sobre NN en todas las instancias, tanto personas no identificadas vivas como fallecidas", exhortó.

La guía de búsqueda de la procuración

Los 5 años, 8 meses y 17 días que demoró el Estado argentino en informarle a la familia de Luciano Arruga que su hijo había sido enterrado como ‘NN’ en la Chacarita pusieron crudamente al descubierto la irresponsabilidad con la que se gestiona la información de las personas no identificadas. Una excepción a todo este panorama es la Guía Práctica para la Búsqueda de Personas que elaboró la Procuración General de la Nación a través de un equipo de especialistas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Se trata de un protocolo de actuación muy completo, distribuido a todos los fiscales del ministerio público para ser utilizado ante casos de desapariciones. "Creemos que esta guía va a contribuir a la modificación cultural que necesitamos en los fiscales, que deben ser más  proactivos”, explicó a Tiempo el fiscal Marcelo Colombo, coordinador de la Protex y principal responsable de la Guía. Consultado sobre la propuesta de sancionar por ley un Registro Nacional de Personas NN, Colombo lo consideró "una muy buena idea”. "Hay que iniciar una búsqueda de paradero de cada una de las provincias, para luego cruzar esa información con los cuerpos enterrados como NN que nadie ha identificado. Me parecería bueno sacar eso por ley”, planteó el fiscal.
 
 
 
(Fuente: Info News) 

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