Por Gustavo Martínez Puga
Les llegó la hora. El personal de maestranza Rubén Castro y el ingeniero electromecánico Oscar Bazán, ex presidente y ex tesorero –respectivamente- de la Asociación Mutual Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ) están sospechados de haber sido parte de un presunto circuito de usura y administración fraudulenta que habría generado una deuda ilegal de 5 millones de pesos a los 1.800 afiliados de la tradicional mutual universitaria. Después de nueves meses de investigación, ahora tendrán la posibilidad de explicar a la Justicia cómo se generó esa deuda mientras dirigieron la institución que hoy atraviesa por graves dificultades financieras.
La principal explicación que se espera conocer por parte de Castro y de Bazán es cómo se generó una deuda de 7,5 millones de pesos.
En los últimos cuatro meses de la gestión de ambos se liberaron 250 cheques que elevaron el monto de la deuda de la mutual de 1,4 millones de pesos a 7,5 millones de pesos.
De los cuales 5 millones de pesos son considerados por las autoridades actuales, encabezadas por Omar Cereso, como una "deuda ilegal”, porque fueron contraídoscon dos abogados y con financieras locales que no pueden justificar qué servicio brindaron a la mutual para adeudarles ese monto de dinero.
Tampoco habría constancia del pago de impuestos nacionales y el interés que habrían acordado pagar Castro y Bazán es altamente superior al de las instituciones del mercado formal, según se denunció.
Hasta ahora la investigación estaba atada a una prueba clave: el peritaje contable.
Ahora el juez Maximiliano Blejman, del Cuarto Juzgado de Instrucción, habría tenido acceso a un informe parcial de ese trabajo contable sobre las finanzas de la mutual. Y con ese informe en la mano ya estaría en condiciones de fijar una fecha para tomarles declaración indagatoria a las ex autoridades de la mutual.
Esto se deduce tras la medida que tomó el juez Blejman la semana pasada, cuando le fijó una caución real de 50.000 pesos a Castro y a Bazán. Y les otorgó la eximición de prisión anticipada.
Eso quiere decir que ya no irán presos, pero antes deben hacer efectivo el monto de dinero que les fijaron como fianza.
Ése es el paso previo a fijarles una fecha de indagatoria.
En esa indagatoria los imputados tienen el derecho legal de no declarar. O de dar las explicaciones que consideren convenientes. Incluso, hasta pueden mentir.
Pero, teniendo en cuenta que hay una enorme expectativa, tanto pública como por parte de los mismos afiliados que durante 9 años los habían elegido como autoridades, se espera que Castro y Bazán expliquen a la Justicia cómo se generó esa "deuda ilegal” de 5 millones de pesos.
Cabe recordar que de esos 5 millones, hay dos abogados que son los principales acreedores. Uno es Jorge Lecich, quien tiene en un solo cheque por cobrar de 600.000 pesos. Y el otro tiene un cheque de 2,6 millones de pesos. La diferencia entre ellos es que el primero ejecutó judicialmente el cheque cuando llegó la fecha de cobro y no se lo pagaron, mientras que el segundo no lo hizo.
Según la denuncia de las autoridades actuales, no está consignado en los registros de la mutual en carácter de qué servicios esos abogados les prestaron a la AMPUNSJ semejante cifra de dinero con intereses que llegarían al 180 %anual, superiores a lo que se cobra en el circuito legal, donde ronda entre el 25 y el 30 % anual.
Se espera que el juez Blejman escuche primero a los ex directivos Castro y Bazán para luego decidir cuándo cita a Lecich y a Juan Antonio Ortega y su hijo Joaquín, quienes también están imputados por usura y administración fraudulenta.
El dato
La denuncia original fue contra Rubén Castro, ex presidente, y Roberto Bazán, ex tesorero. Pero en marzo se amplió la denuncia contra Jorge Lecich, Juan Antonio Ortega, quien es un empleado de la Escuela Industrial, y su hijo Joaquín. También contra ellos fue por usura además de la administración fraudulenta.
La clave
Hasta que los presuntos prestamistas no intentaron cobrarse la deuda con la mutual, el juez Blejman los había dejado correr. Pero desde el momento en que ingreso una ola de embargos en los juzgados civiles (1°, 3°, 4°, 7° y 11°), en marzo último, el juez Blejman ordenó suspender esas acciones judiciales e incorporarlas como parte de la prueba contra los imputados.
